Al parecer nuestra conocida Institución (SAT), esta con todo ya que a comenzado a dar lata por la frontera con los vehículos que son irregulares y sus amenazas se están cumpliendo conforme lo expusieron al pie de la letra.
A partir de este lunes comenzaron a realizarse manifestaciones en distintos puntos de Tijuana, en contra de los operativos de decomiso de autos que el Servicio de Administración Tributaria reforzó contra los propietarios de más de 700 mil vehículos irregulares o "chocolates" que circulan en esta frontera.
La medida fue instruida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en su reciente visita del pasado martes 12 de enero.
Lo anterior despertó la inconformidad de los tijuanenses ya que los decretos prohíben la importación de vehículos modelos 2005 hacia atrás así como la de autos provenientes de terceros países, no firmantes del TLC. Marchas, manifestaciones y la creación de redes de alerta para evadir los retenes vía Facebook, Whatsapp o Zello son las herramientas con que algunos de los tijuanenses actúan contra los operativos del SAT.
A través de esas redes de apoyo, los ciudadanos alertan sobre los retenes, reforzados desde que Videgaray Caso vistió esta frontera, donde se ha negado rotundamente a dar una respuesta en torno a la solicitud de importación de autos modelos 2005 y anteriores.
En su pasada visita, el 19 de agosto de 2015, el secretario de Hacienda Luis Videgaray advirtió que la dependencia a su cargo continuará con la restricción de la importación de automóviles usados, así como la instrumentación de retenes, en virtud de que se "debe cuidar el medio ambiente" y que la venta de vehículos nuevos se ha incrementado hasta en un 20 por ciento.
Entrevistado al término de la inauguración del nuevo puente peatonal, Videgaray Caso aseveró que "Lo que estamos haciendo es cumplir la ley, lo que estamos haciendo es asegurarnos que la importación de automóviles se haga de manera legal, por el bien del medio ambiente en primer lugar, por las condiciones mecánicas y de seguridad, y es lo que hemos venido haciendo, haciéndolo con flexibilidad hablando con la industria y sobre todo entendiendo que los automóviles que ingresan de manera ilegal al país le están costando empleos a los mexicanos que participan en la industria automotriz", aseveró.
La restricción de importaciones "es una medida que se ha tomado en el mejor interés nacional, está funcionando, estamos viendo que el crecimiento de la venta de vehículos en México, de vehículos legales, ha crecido más de 20 por ciento con respecto al año pasado, es decir es un año récord para la industria automotriz, y en parte se debe a estas medidas que no representan otra cosa que el cumplimiento de la ley, en este caso, en la importación de vehículos", sostuvo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Videgaray Caso es el mismo funcionario público que -al igual que el presidente Pena Nieto y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong-, que cuenta con una residencia del Grupo HIGA al cual le pagó con la venta de tres obras de arte y de sus ahorros.
La casa que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró a Bienes Raíces H&G S.A., de Grupo Higa, le fue vendida al mismo precio en que la firma de Juan Armando Hinojosa la había adquirido, aseguró The Wall Street Journal.
Registros de propiedad pública consultados por el diario muestran que Hinojosa vendió la propiedad ubicada en Malinalco, Estado de México, a Videgaray en octubre de 2012 al mismo precio -7.5 millones de pesos- que su compañía de bienes raíces la había adquirido 10 meses antes.
El rotativo, que cita datos oficiales, señala que el índice de precios al consumidor aumentó 3.5 por ciento en el periodo entre las dos ventas. Asimismo, recuerda que entre el último trimestre de 2011 y el último trimestre de 2012, los precios de los bienes raíces en el Estado de México también subieron un 3.5 por ciento en promedio.
The Wall Street Journal reportó a finales del año pasado la venta de la casa a Videgaray por parte de Hinojosa, un contratista del gobierno federal, y la calificó de inusual.
El secretario, en una carta dirigida a la opinión pública, aseguró entonces que la operación se realizó de manera plenamente legal, cuando no era funcionario público y dentro de parámetros de mercado, por lo que, en su opinión, se descartaba que hubiera conflicto de interés.
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